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Redes sociales y privacidad

agosto 18, 2011

Si antes se cuestionaba la pérdida del anonimato de los usuarios de internet en consideración al volumen de datos personales que con fines de lucro se recopilan anónimamente en sitios web o se rastrean mediante mecanismos intrusivos conocidos como "cookies" o "spyware", hoy el conflicto se trasladó a otros escenarios. Facebook, Twitter y las redes de Blackberry Messenger son plataformas de intercambio social que están en la palestra, sea para determinar su naturaleza de públicas y abiertas, o de privadas y cerradas, sea para resolver quiénes y con qué finalidad pueden acceder a sus contenidos.

El dato inicial es que la esfera de la privacidad disminuye día a día con estos sistemas. Primero, porque los titulares de los antecedentes nominativos (datos personales, fotos, opiniones, direcciones de correos electrónicos, etc.) consienten contractualmente a que las empresas que administran las redes sociales puedan disponer libremente de ellos. En segundo lugar, porque estos mismos usuarios aceptan mostrarse, opinar e interactuar en grupos o comunidades abiertas -sólo a veces con autorrestricciones como configuraciones restringidas de su perfil-, lo que los sitúa en una esfera social alejada de la confidencialidad.

El análisis aplica para Chile. Si en Inglaterra y en el marco de investigaciones judiciales y policiales, la información de los usuarios de sistemas "cerrados" que ofrece sólo a sus clientes la plataforma Blackberry Messenger es requerida para determinar la identidad de violentistas, ella también puede pedirse en nuestro país. La privacidad o el anonimato ceden ante un interés de orden público superior, y culpar de la violencia generada al canal comunicacional tecnológico usado como herramienta para enviar mensajes y coordinarse es una demonización apresurada.

Si nos focalizamos en las redes o grupos de Facebook o en las cuentas de Twitter, que son abiertas y accesibles por cualquiera que ingrese, la esfera del anonimato es aún menor y el concepto y bien jurídico de la privacidad se acota aún más. Lo que se "postea" es revisado por empresas de marketing, por empleadores y por gobiernos o entes encargados del orden público, porque el volumen y calidad de información que puede consultarse o monitorearse es superior al que se recoge de las lecturas de las cartas al director de los medios de prensa. Y esto no es a priori ilegal ni culpa de las plataformas, salvo que posteriormente se discrimine o se violen las garantías constitucionales de los ciudadanos "perfilados", donde lo sancionable sólo será la discriminación o la ilegalidad, si es que se producen.

Oportunista y poco fundado ha sido el cuestionar supuestas ilegalidades y falta de competencia de la Segegob para relevar las tendencias de las opiniones de los ciudadanos en sistemas como Facebook y Twitter. Porque no hacerlo sería una negligencia que alejaría al gobierno de la realidad que se recoge de redes públicas; porque no es necesario que su competencia se asigne expresamente, sino que deriva de su ley orgánica y funciones propias; y porque las leyes de protección de datos personales autorizan su tratamiento sin consentimiento previo de sus titulares cuando se hace sobre fuentes de acceso público.

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